¿En qué va la implementación de las medidas de género en el Acuerdo de Paz?

GPAZ es un grupo de organizaciones que ha velado porque se incluya y se dé cumplimiento al enfoque de género en el Acuerdo de Paz. Hemos estado presentes desde el aporte de elementos para las negociaciones en la Habana hasta hacer seguimiento y recomendaciones para su implementación.

Este es el resumen de la segunda entrega de nuestro informe de seguimiento que cubre el periodo entre agosto de 2018 y agosto de 2019. En él estudiamos 109 medidas de un total de 122 que identificamos en el Acuerdo final. Las 13 restantes ya fueron satisfechas, como lo presentamos en el primer informe.

El semáforo: indicador de implementación

En las siguientes figuras, presentamos la distribución de las 109 medidas entre los 6 puntos del Acuerdo de Paz agrupadas por colores según el nivel de implementación: en verde está el número de medidas que tienen un avance satisfactorio; en amarillo, aquellas en las que se muestra intención de implementarla pero no es satisfactorio el avance; y en rojo, las medidas que no muestran avance o sobre las que no encontramos información.

1. Reforma rural integral

25 medidas de género identificadas por GPaz. Nivel de implementación:

2. Participación política

26 medidas de género identificadas por GPaz. Nivel de implementación:

3. Fin del conflicto

20 medidas de género identificadas por GPaz. Nivel de implementación:

4. Solución al problema de las drogas ilícitas

12 medidas de género identificadas por GPaz. Nivel de implementación:

5. Víctimas

20 medidas de género identificadas por GPaz. Nivel de implementación:

6. Implementación

6 medidas de género identificadas por GPaz. Nivel de implementación:

1. Reforma rural integral

Rojo. Diez medidas de género sin avance o avances muy reducidos tras cuatro años de implementación:

Otorgar un subsidio integral para la compra de tierras en zonas priorizadas con facilidades para mujeres.
Asegurar el acceso prioritario a la adjudicación gratuita, subsidios o créditos especiales para trabajadores con vocación agraria sin tierra o con tierra insuficiente (prioridad a víctimas rurales, mujeres cabeza de familia o población desplazada).
Línea de Crédito Especial para compra de tierras, subsidiada, de largo plazo y con medidas especiales para las mujeres rurales.
Creación y puesta en marcha de una nueva Jurisdicción Agraria que tenga una adecuada cobertura y capacidad en el territorio, con formación especial para las mujeres sobre sus derechos y acceso a la justicia y con medidas específicas para superar las barreras que dificultan el reconocimiento y protección de los derechos de las mujeres sobre la tierra.
Incremento de los cupos técnicos, tecnológicos y universitarios en las zonas rurales, con acceso equitativo para hombres y mujeres, incluyendo personas en condición de discapacidad.
Soluciones de viviendas adecuadas de acuerdo con el medio rural y a las comunidades con enfoque diferencial. El acceso a estas será equitativo para mujeres y hombres.
Garantía de servicio de asistencia integral técnica y tecnológica – Economía Solidaria.
Promover esquemas de protección al embarazo, parto, lactancia y atención en salud para el recién nacido, ampliando progresivamente en cobertura.
Sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación. Esta política reconoce el papel fundamental de las mujeres rurales en la contribución a la satisfacción del derecho a la alimentación.
La política alimentaria y nutricional de las zonas rurales se basa en el incremento progresivo de la producción de alimentos, la generación de ingresos y en la creación de condiciones de bienestar.

1. Reforma rural integral

Amarillo. Once medidas de género con avances parciales:

El Gobierno Nacional adecuará un plan de formalización masiva de la pequeña y mediana propiedad rural. El plan deberá contar con medidas específicas que permitan superar los obstáculos que afrontan las mujeres rurales para la formalización de la propiedad.
Se promoverá la participación de las mujeres y sus organizaciones en los diferentes espacios que se creen para la conciliación y resolución de conflictos sobre el uso y tenencia de la tierra.
Instancia alto nivel para la resolución de conflictos de tenencia y uso de la tierra y fortalecimiento de la producción alimentaria.
Catastro multipropósito-Formación y actualización del catastro e impuesto predial rural. Tendrá la información desagregada por sexo y etnia.
Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral. En la superación de la pobreza se implementarán medidas específicas y diferenciadas para hacer frente a las necesidades de las mujeres en el campo y lograr la igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres.
Adoptar el enfoque diferencial y de género para que el sistema de salud considere requerimientos especiales de la mujer en las zonas rurales.
Promoción de la formación profesional de mujeres en disciplinas o tradicionales para ellas.
Estímulos a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa que promueva la autonomía económica de las mujeres rurales.
Creación e implementación de un plan nacional para la promoción de la comercialización de la producción de la economía campesina que contará con medidas para promover el empoderamiento económico de las mujeres rurales.
Implementación de un plan progresivo de protección social y garantía de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras rurales, que tenga en cuenta la promoción de la vinculación laboral de las mujeres en áreas productivas no tradicionales.
Ampliar los programas para la protección del riesgo económico de la vejez hacia la población rural de la tercera edad en extrema pobreza que no está cubierta por el sistema de seguridad social considerando las necesidades de las mujeres adultas mayores.

1. Reforma rural integral

Verde. Tres medidas de género terminadas o con avance oportuno:

Participación en los diferentes niveles territoriales para el desarrollo de los acordado en la RRI con inclusión de las mujeres rurales y sus organizaciones (PDET).
Asistencia técnica con calidad del servicio y evaluación participativa y comunitaria que tenga en cuenta la participación de las mujeres.
Implementación de un plan para apoyar y consolidar la generación de ingresos de la economía campesina, familiar y comunitaria y que permita a las mujeres superar las barreras de acceso a financiamiento.

2. Participación política

Rojo. Diez medidas de género sin avance o avances muy reducidos tras cuatro años de implementación:

Sistema interinstitucional de planeación, información y monitoreo que evalúe el desempeño y resultados del Sistema Integral de garantías de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP).
Programa de protección individual y colectiva de líderes y lideresas de organizaciones y movimientos sociales y defensores y defensoras de derechos humanos.
Apoyar mediante asistencia legal y técnica, la creación y fortalecimiento de las organizaciones y movimientos sociales. Sin perjuicio del principio de igualdad, se apoyará con medidas extraordinarias a las organizaciones de mujeres.
Promover la creación de redes de organizaciones y movimientos sociales, especialmente los que han estado en condiciones de exclusión política.
Promoción de la no estigmatización a grupos en condiciones de vulnerabilidad o discriminados como las mujeres, los pueblos y comunidades, población LGBTI, entre otros.
Promover la reconciliación, la convivencia y la tolerancia, especialmente en las poblaciones más afectadas por el conflicto, teniendo en cuenta el impacto desproporcionado del conflicto sobre las mujeres.
Revisión de las funciones y conformación de los Consejos Territoriales de Planeación con el fin de promover la participación de las mujeres en los consejos territoriales y el fortalecimiento de estas instancias.
Promoción de campañas de información, pedagogía y divulgación, que estimulen la participación electoral a nivel nacional y regional, con énfasis en promover una mayor participación de las mujeres, de poblaciones vulnerables y de territorios especialmente afectados por el conflicto y el abandono estatal.
Campañas para promover los valores democráticos de participación política y sus mecanismos, para garantizar y fomentar su conocimiento y uso efectivo, con énfasis en las poblaciones más vulnerables.
Circunscripción Transitoria Especial de Paz.

2. Participación política

Amarillo. Diez medidas de género con avances parciales:

Estatuto de garantías para el ejercicio de la oposición política creado y en implementación con participación de las mujeres.
Creación de una instancia de alto nivel del Sistema Integral de garantías de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP) que procure la interlocución efectiva con las mujeres.
Promoción de la participación equitativa entre hombres y mujeres en las instancias de participación ciudadana.
Participación ciudadana a través de medios de comunicación comunitarios, institucionales y regionales, que incluya organizaciones y movimientos sociales.
Los mecanismos de control y veeduría ciudadana contarán con participación efectiva de las mujeres.
Sistema Nacional de Cuidado.
Campaña nacional de cedulación masiva que prevea medidas para facilitar el acceso a esta campaña por parte de las mujeres rurales.
Promover un ejercicio ampliamente participativo de diagnóstico con enfoque de género, de los obstáculos que enfrentan las poblaciones más vulnerables en el ejercicio del derecho al voto y adoptar las medidas correspondientes.
Programa para la promoción de la participación y liderazgo de la mujer en la política.
Programas de formación sobre los derechos políticos de las mujeres y las formas de participación política y ciudadana.

2. Participación política

Verde. Cinco medidas de género terminadas o con avance oportuno:

Sistema de Alertas Tempranas con enfoque territorial, diferencial y de género.
Se creará el Consejo Nacional para la Reconciliación y Convivencia con representantes de organizaciones de mujeres y de población LGBTI.
Fortalecer y promover la construcción de presupuestos participativos sensibles al género y los derechos de las mujeres en el nivel local.
Reforma del régimen y de la organización electoral teniendo en cuenta las dificultades específicas de las mujeres en relación con el sistema electoral.
Promoción de la participación política y ciudadana de la mujer en el marco del presente Acuerdo.

3. Fin del conflicto

Rojo. 9 medidas de género sin avance o sin información:Cinco medidas de género sin avance o avances muy reducidos tras cuatro años de implementación:

Pacto Político Nacional y desde las regiones, con los partidos y movimientos políticos, los gremios, las fuerzas vivas de la nación, las organizaciones de mujeres y de población LGBTI, entre otras.
Comisión Nacional de Garantías de Seguridad debe diseñar estrategias para identificar las fuentes de financiación y los patrones de actividad criminal de las organizaciones y conductas, entre dichos patrones se tendrán en cuenta aquellos que afectan de manera particular a las mujeres y población LGBTI.
Protección especializada sobre la base de una evaluación del nivel de riesgo y en coordinación con las entidades del Estado correspondientes para líderes de partidos y movimientos políticos con enfoque diferencial y con presencia nacional y regional.
Herramientas en materia de atención psicosocial de carácter individual o colectivo y con enfoque de género a aquellos destinatarios del programa de protección de las FARC-EP.
Protocolo de protección para los territorios rurales del Programa Integral de Seguridad y Protección para las comunidades y organizaciones en los territorios. Tendrá en cuenta las condiciones particulares de las mujeres.

3. Fin del conflicto

Amarillo. Trece medidas de género con avances parciales:

Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil en lo económico, social y político, de acuerdo con sus intereses con enfoque de género.
Garantizar la aplicación de los enfoques territoriales, diferencial y de género en el diseño, implementación y seguimiento de las políticas y estrategias que sean objeto de la Comisión Nacional de Garantías.
Crear una Unidad Especial de Investigaciones para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales que investigue, persiga y acuse a organizaciones responsables de homicidios, masacres, crímenes contra mujeres o contra personas que participen en la implementación del Acuerdo y la construcción de paz.
La Unidad Especial de Investigaciones para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales desplegará su capacidad de investigación con un enfoque territorial, diferencial y de género para enfrentar la amenaza.
La Unidad Especial estará conformada por funcionarios especializados de la Fiscalía General de la Nación (FGN) con conocimiento en violencia y justicia de género.
Fundamentar la acción de la Unidad Especial de Investigaciones con un enfoque investigativo multidimensional sobre toda la cadena criminal.
Implementar planes de investigación metodológicos especializados a los más graves hechos de victimización que las organizaciones y conductas objeto de este acuerdo ejecuten contra las mujeres y población LGBTI, por parte de la Unidad Especializada de Investigaciones.
Poner en funcionamiento el Comité de impulso de las investigaciones por delitos contra quienes ejercen la política del SISEP, teniendo en cuenta a las mujeres y población LGTBI.
Implementar Programa de protección integral para integrantes del nuevo movimiento o partido político que surja del tránsito de las FARC-EP, que incluya programas formativos en aspectos relacionados con la protección de las mujeres y de los riesgos específicos que ellas enfrentan.
Poner en marcha un protocolo de seguridad y protección con enfoque de género para exintegrantes de las FARC-EP.
Implementar un Programa Integral de Seguridad y Protección para las comunidades y organizaciones en territorio con la participación activa de las organizaciones de mujeres.
Crear un Sistema de Prevención y Alerta para la reacción rápida con enfoque territorial, diferencial y de género, reglamentado e implementado.
Garantizar en la Alta Instancia la participación de los partidos y movimientos políticos, especialmente de aquellos que hayan sido afectados en su seguridad, de organizaciones de víctimas y de derechos humanos y de movimientos sociales, incluidos los de mujeres.

3. Fin del conflicto

Verde. Una medida de género terminada o con avance oportuno:

Conformar la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad con participación efectiva de mujeres.

4. Solución al problema de las drogas ilícitas

Rojo. Una medida de género sin avances o avances muy reducidos tras cuatro años de implementación:

Garantizar la participación efectiva de mujeres en la formulación de propuestas para la construcción del Plan Integral Municipal y Comunitario de Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA).

4. Solución al problema de las drogas ilícitas

Amarillo. Ocho medidas de género con avances parciales:

Garantizar la participación de las mujeres en la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).
Crear un programa de guarderías infantiles para facilitar el acceso de las mujeres cabeza de familia a oportunidades laborales y para contribuir a la seguridad alimentaria de la primera infancia.
Crear mecanismos de información para facilitar el acceso a oportunidades laborales a las mujeres, que surjan en el marco de la implementación de la Reforma Rural Integral (RRI).
Poner en funcionamiento un Sistema Nacional de Atención a las personas consumidoras de drogas ilícitas con enfoque de género.
Llevar a cabo acciones de reducción del daño por consumo priorizando poblaciones vulnerables, teniendo en cuenta la violencia de género, principalmente la intrafamiliar y sexual.
Sensibilizar y guiar a la comunidad y las instituciones para prevenir la estigmatización de los consumidores y las consumidoras que tengan en cuenta, de manera particular, el impacto diferenciado en las mujeres y población LGBTI.
Ampliar y mejorar el acceso y la oferta calificada en atención a consumidores con medidas especiales para mujeres y población LGBTI.
Proteger a niños, niñas y adolescentes del consumo de drogas ilícitas.

4. Solución al problema de las drogas ilícitas

Verde. Dos medidas de género terminadas o con avance oportuno:

Revisar y reformular participativamente la política pública frente al consumo de drogas ilícitas teniendo en cuenta las especificidades y necesidades de focalización según grupos de edad, sexo, condición socioeconómica y ubicación geográfica.
Desarrollar investigaciones y estudios especializados relacionados con el consumo de drogas ilícitas que incluya un enfoque diferencial, de género y etario.

5. Víctimas

Rojo. Una medida de género sin avances o avances muy reducidos tras cuatro años de implementación:

Implementar el Plan de rehabilitación psicosocial para la convivencia y la no repetición teniendo en cuenta los enfoques: diferencial y de género.

5. Víctimas

Amarillo. Diez medidas de género con avances parciales:

Desarrollar en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) un adecuado enfoque transversal que evidencie las formas diferenciales en las que el conflicto afectó a las mujeres y la población LGBTI, entre otros. Esto deberá contribuir a que la sociedad colombiana se concientice sobre las formas en que el conflicto reprodujo discriminaciones históricas.
Garantizar la participación equitativa entre hombres y mujeres en la conformación de las CEV.
No conceder amnistía o indulto ni beneficios equivalentes al acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual.
Contar con un equipo de investigación especial para casos de violencia sexual y atender las disposiciones especiales sobre práctica de pruebas en la materia incluidas en el Estatuto de Roma.
Incorporar en la JEP sanciones respecto a daños ocasionados a mujeres.
Fortalecer los procesos de reparación colectiva territorial, garantizando la participación de las mujeres.
Fortalecer los planes nacionales de reparación colectiva que tendrán un enfoque de género y estarán dirigidos a colectivos constituidos en grupos, organizaciones, incluidas mujeres, entre otros.
Ampliar la cobertura pública y despliegue territorial y mejorar la calidad de la atención psicosocial para la recuperación emocional de las víctimas de acuerdo con el daño específico que hayan padecido, entre ellas las afectaciones particulares a las víctimas de violencia sexual.
Poner en marcha programas colectivos con enfoque territorial y de género, específicos al retorno y reubicación de personas desplazadas.
Reiterar el compromiso con los DDHH por parte del Gobierno nacional, con un enfoque diferencial y de género atendiendo a los principios de igualdad y progresividad, y garantizar el derecho a la paz, especialmente en los territorios más afectados por el conflicto.

5. Víctimas

Verde. Ocho medidas de género terminadas o con avance oportuno:

Promover un entendimiento compartido en la sociedad a través de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) considerando el impacto del conflicto y la violencia basada en género.
Promover la convivencia en los territorios, un ambiente transformador que permita la resolución pacífica de los conflictos y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Crear un grupo de trabajo de género en la CEV.
Crear un Comité de seguimiento y monitoreo a la implementación de las recomendaciones de la CEV. Los informes que realice deben contar con u enfoque territorial, diferencial y de género.
Reconocer y rechazar a las graves violaciones de DDHH y DIH, incluyendo aquellas que han sido históricamente menos visibles contra mujeres y otros colectivos para que sea un propósito compartido de la sociedad que esto nunca se repita.
Hacer un compromiso con la promoción, el respeto y la garantía de los derechos humanos que contribuya a garantizar la no repetición.
Conformar el Tribunal de la JEP con participación equitativa de hombres y mujeres.
Conformar las salas de la JEP con mínimo 6 magistrados con criterio de participación equitativa entre hombres y mujeres.

6. Implementación

Rojo. Una medida de género sin avances o avances muy reducidos tras cuatro años de implementación:

Aprobar una ley de tratamiento penal diferenciado para delitos relacionados con cultivos de uso ilícito que beneficie campesinos no pertenecientes a organizaciones criminales, que incluya tratamiento penal diferenciado para mujeres en casos especiales.

6. Implementación

Amarillo. Dos medidas de género con avances parciales:

Contemplar de manera prioritaria las necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres en el Plan Marco de Implementación (PMI).
Concertar con las organizaciones representativas de los grupos étnicos el programa especial de armonización para la reintegración y reincorporación social y económica con enfoque diferencial étnico y de género.

6. Implementación

Verde. Tres medidas de género terminadas o con avance oportuno:

Crear una Instancia Especial de Mujeres para contribuir al seguimiento del enfoque de género, que tendrá interlocución permanente con la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI).
Realizar verificación del enfoque diferencial y de género en la implementación del Acuerdo de Paz por parte del Componente Internacional de Verificación.
Solicitar el acompañamiento internacional de los siguientes países y entidades internacionales en la implementación de los acuerdos en cada uno de los puntos: ONU Mujeres, Representante secretario general para la violencia sexual en el conflicto, Federación Democrática Internacional de Mujeres, Suecia.